Julia de la O,
exdirectora ejecutiva de FONABE
La ley 7658 de
creación del Fondo Nacional de Becas, concretó una de las mayores aspiraciones
del imaginario colectivo costarricense en lo que a acceso democrático a la
educación se refiere: “Conceder becas a estudiantes de bajos recursos
económicos para que cursen estudios en cualquiera de los ciclos educativos,
dentro o fuera del país. Las becas se adjudicarán con base en el mérito
personal, las condiciones socioeconómicas y el rendimiento académico de los
beneficiarios” Se estipula un esquema fluido de terciarización del servicio,
indicando que las juntas administrativas y las juntas de educación deberán
fungir como representantes del Fondo, “…para informar sobre las becas y
canalizar sus solicitudes”, además, con el objeto de especializar al órgano en
su tarea sustantiva, se determina, por medio de su artículo 10 que: “ Los
recursos del Fondo Nacional de Becas serán administrados por un fideicomiso que
la Junta Directiva creará en uno de los bancos comerciales del Estado” Todo
esto fue desarticulado conscientemente, -sin derogar la ley-, por los políticos
de turno en estos últimos años. Su Junta Directiva tuvo carácter vitalicio
desde que se inició el funcionamiento del Fondo y no cumplió con lo que la ley
le indica en el sentido que debe ser su máxima autoridad y le corresponde,
entre otras cosas, formular las políticas, establecer las prioridades relativas
a la administración y concesión de becas, y determinar la política, la
organización y el funcionamiento administrativo de este órgano.
Ante la inacción de este tipo de órganos, la
Constitución Política confiere al Poder ejecutivo la potestad de intervenir a
los órganos adscritos ministerialmente cuando hay problemas en su
funcionamiento. Eso nunca lo hicieron y dejaron caer en la devastación al
FONABE. La CGR fue advertida también, así como la DHR.
El problema
fundamental de FONABE ha sido el financiamiento oportuno a que está obligado el
Estado por la propia ley del Fondo, así como la irresponsabilidad de su Junta
Directiva quien nunca se ha preocupado por cumplir la ley 7658. Con excepción
del período que va de diciembre 1999 a abril de 2002, el financiamiento
oportuno no se ha dado y se le explica a la opinión pública que las falencias
del Fondo se deben a los malos procedimientos primero y, ahora que la nave está
en naufragio, que se debe a que “…no tienen competencia para “corregir” el mal
trabajo de los funcionarios”. Todo esto a pesar que quien preside este cuerpo
colegiado es el representante del MEP “…quien la presidirá y representará
judicial y extrajudicialmente”
Desde el año 2005, a la sazón, saliente defensor de los
Habitantes, José Manuel Echandi afirmó sobre el “complot” institucional para no
hacer efectiva la trasferencia de recursos a las organizaciones ejecutoras de
la política social del país, al señalar la existencia de: “una estrategia del
Ministerio de Hacienda de girar los recursos en forma tardía para que no se
utilicen”
También, la CGR ha
sostenido que ese ministerio no gira a la Dirección de Asignaciones Familiares
(DESAF) los recursos que por ley debe asignarle. Esto llevó en su momento a la
DHR a plantear un recurso de amparo ante la Sala IV para que obligara al
Ministerio a dar todo el dinero (La Nación, 23/5/05) En FONABE, esta
procrastinación calculada le da golpes de muerte pues las becas deben otorgarse
mediante un riguroso proceso y además, deben adjudicarse en el momento
oportuno. En efecto, el Ministerio de Hacienda ha girado los recursos muchas
veces cuando el curso lectivo ha terminado. Ha ocurrido así, pese a los
ingentes esfuerzos de esta servidora en su momento, y de las personas que luego
han llegado a ocupar la dirección ejecutiva. Ante esto, la Junta Directiva
nunca ha actuado en consecuencia. Han cumplido a cabalidad el principio del “laissez faire, laissez passer, le monde va
par lui méme”
La Nación (19/7/05)
informó que la Tesorería Nacional suspendía el giro de los recursos del
Fideicomiso 478 FONABE-Banco Nacional para el pago de becas a estudiantes. Esto
fue la crónica de una muerte anunciada pues el señor José Adrián Vargas me
ordenó desde el 2004 que pasara todo el dinero del fideicomiso a la Caja Única
del Estado. Esa orden inició un caos anunciado que vemos en directo y a todo
color hoy. Ante esta orden ilegal que violentaba la ley FONABE y preveía una
burocratización del órgano en sentido peyorativo, esta servidora acudió al
Consejo de Gobierno y le informó al Presidente y a su Consejo de Gobierno sobre
las nefastas consecuencias de cerrar el fideicomiso, despedir al personal
competente y organizar al Fondo con base en el régimen de servicio civil. Don
Abel me escuchó y preguntó mucho, así como algunos de sus colaboradores. Luego,
salió a la prensa y anunció que no se pasarían los recursos del FONABE a la
Caja Única del Estado y que no se despediría al personal para pasarlo al
régimen del servicio civil. Mintió. Luego vinieron los colaboradores del señor
Arias y le pusieron la cereza al pastel desmantelando el fideicomiso,
ordenándole a éste antes de su extinción, el despido del personal y deshacer la
organización. ¡Juzguen ustedes estimados lectores y lectoras! Ante todo esto,
¿dónde estuvo la máxima autoridad del Fondo, su Junta Directiva? ¿Por qué la
CGR no investigó a este cuerpo colegiado? ¿Por qué hoy la señora Presidenta se
queja de la Junta y no la interviene?
Presumo que el Dr.
Walter Coto, doctor en derecho administrativo y uno de los impulsores y
redactores de la ley de creación de Fonabe, debe recordar cuando nos dijo que
él peleó porque sus recursos fueran administrados por un fideicomiso y que no
fueran a caja única. Nos indicó literalmente que: “aunque las leyes digan para
qué son los recursos, los ministros de Hacienda terminan asignándolos como les
parezca” Resaltó también que el principio de caja única no puede ser
irrespetuoso de las comunidades ni de las especificidades” El tesorero nacional
contribuyó al entierro del FONABE eficaz pues argumentó que el artículo 10 de
la ley Fonabe que conmina a administrar todos sus recursos en un fideicomiso en
un banco del Estado, se encontraba derogado. Esto siempre ha sido incorrecto
desde un punto de vista técnico pues como señala un sesudo dictamen
especializado: “…implicaría la desatención del programa de becas, en virtud de
que con la caja única, no se tendría la posibilidad de multiplicar los recursos
con una inversión sana y prudente, lo que cada vez iría dejando sin contenido
económico real a este programa social”
A propósito de usar
los dineros de los pobres como negocio, al decir de Vladimir de la Cruz, 88,4%
de los entrevistados en una encuesta del año 2005 opinaron que: “…la política
de retener los dineros destinados a los pobres es vergonzosa” ¿Usted qué cree?
