Julia de la O, exasesora de la Comisión Parlamentaria de la Mujer
En el marco del Día
Internacional de la Mujer, la prensa dio cuenta hace unos años, de agresiones
del diputado Víctor Hugo Víquez contra su compañera Damaris Quintana. A mayor
abundamiento, y ante la denuncia de la señora diputada, 17 diputados de la
fracción del Partido Liberación Nacional, enviaron al diario “…un documento en
el cual manifestaron su apoyo al legislador” Para dirimir tan enojoso asunto,
el Presidente del Congreso ha “…solicitado a los jefes de fracción que
intervengan y ayuden en este caso” (La Nación, jueves 8 de marzo 2012, p. 10A El
País)
Según información de los
medios, ante la interpelación hecha a la señora Expresidenta de la República
sobre esta desafortunada situación, la respuesta no pudo ser más desabrida: hay
asuntos más importantes en que debía ocuparse y, coincidiendo monolíticamente
con su fracción legislativa, califica el desaguisado como un asunto sin
importancia. Estamos así ante la presencia de un caso de acoso político.
Hoy asistimos al acoso
político a la diputada Carmen Quesada a cuyo reclamo se han sumado las
diputadas Patricia Mora y Maureen Clarke. El fenómeno trasciende al recinto
legislativo y desnuda la sociedad que tenemos: patriarcal y androcéntrica.
Una sistematización sobre este
fenómeno[1], da cuenta que el acoso
político consiste “…en un conjunto de sistemas y prácticas que se convierten en
obstáculos que se oponen a una mayor y más eficiente participación de las
mujeres en el poder”
El acoso político es entonces
una forma de violencia de género. Su manifestación se concreta en la
descalificación, estigmatización, manipulación, discriminación, asedio y
hostigamiento contra la mujer que ocupa cargos de elección popular.
En ese mismo orden de ideas,
el trabajo científico señalado, nos confirma que las situaciones de acoso
político, la mayor parte de las veces, “…se plantean como cosas aisladas y no
son consideradas como hechos reales que forman parte de un contexto político
altamente generalizado y, mucho menos como un problema público” [2]
El que se minimice la
situación sufrida por la señora diputada en ese momento y hoy de la diputada
Carmen Quesada, abona negativamente a reafirmar la resiliencia, es decir, si no hay rectificación de este tipo de
conductas, cada vez más, las mujeres que ocupen cargos de elección popular, se
adaptarán a la adversidad, fracturando así para las generaciones futuras de
mujeres políticas, su participación plena en la toma de decisiones de
importancia nacional.
Con base en la contextualización esbozada,
tenemos tres situaciones muy graves en lo sucedido: primero, sin que haya
habido indagación del problema a profundidad, los compañeros de bancada del
presunto diputado agresor, lanzaron un escrito calificando las denuncias de la
señora diputada ante el comportamiento del legislador declarando taxativamente
que “…carecen de fundamento” En segundo lugar, la señora Expresidenta de la
República desdeñó abordar el tema, manteniéndolo con ello oculto a la discusión
pública y declarando que se ocupaba de asuntos de mayor jerarquía, con lo cual,
revictimizó a la diputada presuntamente acosada políticamente.
Finalmente, y no menos
importante, es el tratamiento que el a la sazón Presidente del Congreso, aplicó
para solucionar el problema. Les asignó a los jefes de fracción ocuparse de
éste. Ante esto, cabe señalar que la política de igualdad de género anunciada hace varios años en el Congreso,
tiene una dependencia que funge como los dientes de la política en cuestión.
Por ello, nos preguntamos: ¿por qué no interviene la oficina de género en este
problema? Quienes están sensibilizados ante el hostigamiento político como esta
oficina, garantizan las competencias para dirimir adecuadamente este tipo de
conductas tan reiteradas en el Congreso de la República y que son de vieja
data. En tanto funcionarias(os) preparados para los efectos atiendan la
situación de Carmen Quesada, podemos estar seguros que se cumplirá el principio
pro víctima y no se repetirán veredictos a priori que colocan a la víctima en
una total indefensión.
Recordemos a Alda Facio con
estos tristes casos de Doña Damaris Quintana ayer y de Carmen Quesada hoy: “…no
existe la igualdad jurídica cuando no existe la igualdad política, ni
económica, ni social…comprender eso significa que finalmente se ha entendido
que no es posible hablar de igualdad o libertad si estos derechos no son
compartidos por todas y todos…”
Hipotetizo que eventualmente el diputado
Víquez ayer, y Otto Guevara hoy cumplen los requisitos para ejercer el acoso
político, en detrimento del progreso del sistema de participación política de
las mujeres y que, los 17 diputados firmantes del escrito,-(ignoro si hay
firmas de señoras diputadas)-, hicieron honor a una desafortunada forma de
abordar el problema.
¡Démosle instrumentos al poder
legislativo para que, en las relaciones de poder no prive el hostigamiento
político!
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